Comunicado ante el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos

Desde el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, y a la luz de las resultas del informe elaborado por el equipo de expertos de la oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, queremos destacar que se confirman las denuncias que, desde hace tantos años, tanto la Asamblea Nacional como muchas organizaciones de la sociedad civil venían realizando sobre la sistemática violación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.

El informe, no deja lugar a dudas que, en Venezuela, de manera generalizada y sistemática se han perpetrado contra la población civil ataques que constituyen conductas que se adecúan a supuestos de hecho previstos como delitos atroces, que merecen no solamente la persecución conforme al derecho interno sino, además, legitimaría la intervención de la Corte Penal Internacional.

En efecto, las indagaciones están fundadas en fuentes oficiales, documentos oficiales (expedientes judiciales) y pruebas directas obtenidas de las víctimas de violación de los derechos humanos y testigos, lo que de suyo, le confiere verosimilitud a las denuncias que deben ser objeto de investigación exhaustiva.

El informe da cuenta de la inexistencia de instituciones que permitan la protección de los derechos de los ciudadanos, toda vez, que antes de atender a los cometidos constitucionales, se convirtieron en un eslabón necesario más para garantizar la política de persecución, encubrimiento y justificación del discurso oficial ante la comunidad nacional e internacional.

Funcionarios policiales, militares y grupos civiles armados, actuaron con aquiescencia del Estado, en los actos de represión de la protesta pública y, además, son responsables de ejecuciones extrajudiciales, perfectamente descritas en el informe, que permiten sostener que no se trataba de actos aislados, ejecutados por uno o varios insubordinados, que de manera accidental, que no culposa, procedieron a la infracción de los derechos de las víctimas.

En este orden de ideas, el informe habla de un ataque generalizado, en principio dirigido a un sector determinado de la sociedad civil, adversa a la gestión de Nicolás Maduro, pero además y no menos importante, en el caso de las denominadas Operación de Liberación del Pueblo (OLP), donde las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales eran jóvenes sospechosos de tener antecedentes penales o policiales, e incluso, sospechosos de estar incursos en la comisión de ilícitos penales.

Por otra parte, resalta el carácter sistemático del ataque, a propósito de la perpetración múltiple de actos, que obedecían a patrones de conducta que se repetían una y otra vez a lo largo de los años y en todo el territorio nacional, que permite sostener a juicio del grupo de expertos, que se trata de un ataque generalizado.

Pero es significativo que, en medio de las limitaciones para el acceso a la prueba, se pueda sostener de manera categórica, la responsabilidad de quienes ostentan el poder Presidencial y de los Ministerial, ciudadanos Nicolás Maduro, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, respectivamente. Se impone requerir a la comunidad internacional la evaluación integral del presente informe y resaltar la falta de colaboración del Estado, no solamente para la mejor indagación de los hechos por parte del grupo de expertos, en el entendido, que en modo alguno facilitó al trabajo de la comisión, antes, por el contrario, se convirtió en un factor más de perturbación para la búsqueda de la verdad, y aun así, mantiene un asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.